En la etapa actual de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, Bakú exige que Ereván adopte una nueva Constitución que no incluya ningun reclamo territorial referido a Nagorno-Karabaj. La respuesta correspondiente de cualquier gobierno armenio que se precie de tal, debería ser clara y decisiva. Así lo escribió el ex ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Vartan Oskanian, en un artículo titulado "Historia de dos constituciones".
A continuación se muestra el artículo de Oskanyan:
Dado que el primer ministro Nikol Pashinian parece dispuesto a cumplir la exigencia de Bakú, en un espíritu de reciprocidad, Armenia también debería insistir en cambios constitucionales en Azerbaiyán. He aquí el porqué: detrás de la demanda de Azerbaiyán hay una clara contradicción dentro de su propia Constitución, que requiere un examen cuidadoso no sólo por su inconsistencia legal sino también por el precedente desestabilizador que podría crear.
Si Azerbaiyán está verdaderamente comprometido a construir un futuro basado en las realidades actuales y el reconocimiento mutuo, también debe enfrentar el legado problemático consagrado en sus propios textos jurídicos fundamentales.
La Ley Constitucional de Independencia Estatal de Azerbaiyán de 1991 va más allá de una mera declaración de soberanía. Presenta explícitamente a la moderna República de Azerbaiyán como la sucesora legal de la República Democrática de Azerbaiyán de 1918-1920, rechazando la totalidad del orden político y jurídico soviético. Afirma que la imposición del poder por parte de la Unión Soviética en Bakú fue una anexión ilegal y rechaza todos los tratados y leyes soviéticas internas que le siguieron. Al hacerlo, Azerbaiyán se distancia simbólica y jurídicamente de la era soviética, incluidos los propios actos jurídicos soviéticos que transfirieron Nagorno-Karabaj a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en 1921…
El Gobierno de Azerbaiyán ha reafirmado esta secuencia en repetidas ocasiones, especialmente con ocasión del 90º aniversario de la primera república en 2008-2009. Durante las celebraciones nacionales. El mensaje fue claro. Azerbaiyán no es sólo un estado postsoviético, sino la reencarnación de un estado que existía antes de la Unión Soviética.
Sin embargo, esta postura histórica está acompañada de una verdad incómoda: entre 1918 y 1920, las fronteras de Armenia y Azerbaiyán no estaban claramente definidas. Las primeras repúblicas se vieron envueltas en conflictos armados en varias regiones, especialmente en Nagorno-Karabaj. El control sobre estos territorios fue inestable durante ese período y a menudo estaba determinado por la fuerza militar, la diplomacia o la intervención externa. Reivindicar hoy Nagorno-Karabaj, invocando el legado de la república de 1918-1920, supone, por tanto, volver a una época de acuerdos territoriales controvertidos y ambiguos.
Pero Azerbaiyán no puede rechazar el orden jurídico soviético basándose en decisiones de la era soviética para justificar sus reivindicaciones territoriales. La decisión de 1921 de la Oficina del Cáucaso Soviético, que colocó Nagorno-Karabaj bajo la jurisdicción de Azerbaiyán soviético, fue un acto político soviético. Azerbaiyán, al tiempo que reconoce como inválidas todas las decisiones jurídicas y administrativas soviéticas, debería considerar también inválida esta transferencia.
La lógica jurídica que utiliza para negar la legitimidad de la formación de la URSS también debería ser aplicable a las decisiones adoptadas por la URSS respecto a las fronteras internas, a menos que, por supuesto, Azerbaiyán decida “revivir” selectivamente las leyes soviéticas para su propio beneficio, socavando la coherencia misma de su orden constitucional.
Esta inconsistencia se hace aún más pronunciada en el contexto de las demandas de Bakú de revisar las disposiciones constitucionales de Armenia y armonizarlas con el principio de integridad territorial. Si se espera que Armenia elimine cualquier ambigüedad respecto del reconocimiento de las fronteras de Azerbaiyán, entonces Azerbaiyán debe estar igualmente dispuesto a garantizar que su Constitución ya no se base en una identidad jurídica que es anterior a esas mismas fronteras y las contradice. Un orden constitucional que simultáneamente se basa en el legado de una república con fronteras vagas y niega la estructura jurídica que establece las fronteras modernas no puede exigir claridad y firmeza a sus vecinos.
Si Azerbaiyán realmente quiere dar vuelta la página de un siglo de conflicto y construir una paz duradera en el Cáucaso Sur, primero debe mirar dentro de sí mismo y asegurarse de que su discurso constitucional no perpetúe la ambigüedad irredentista.
Esto requerirá restablecer el autogobierno en Nagorno-Karabaj, devolver los territorios armenios ocupados y abandonar formalmente las reivindicaciones territoriales contra Armenia.
Azerbaiyán no puede exigir que Armenia entierre el pasado y al mismo tiempo aferrarse a una versión de la historia que socava el marco del derecho internacional moderno. "Al fin y al cabo, la paz no se construye sólo sobre constituciones y tratados, sino también sobre la honestidad intelectual y jurídica, algo que debe empezar por su propio país."