El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó al congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar y a su esposa, Imelda Cuellar, con cargos de soborno y lavado de dinero relacionados con sus vínculos con entidades extranjeras, incluida una compañía de petróleo y gas controlada por Azerbaiyán y un banco en México, como se reveló el viernes, en NBC News.
La acusación detalla que los Cuellar están acusados de aceptar alrededor de $600,000 en sobornos de las entidades antes mencionadas a cambio de que el congresista realizara "favores" oficiales. Estos fondos fueron lavados a través de contratos de consultoría falsos, canalizándose a través de una serie de empresas fachada hasta empresas fantasma propiedad de Imelda Cuellar. El Departamento de Justicia dijo que Imelda realizó poco o ningún trabajo legal en virtud de estos contratos.
Según el Departamento de Justicia, el congresista Cuellar acordó utilizar su cargo para influir en la política exterior estadounidense a favor de Azerbaiyán a cambio de los sobornos.
Esta acusación se produce tras un allanamiento en 2022 en la casa y la oficina de campaña de Cuellar, en Laredo, Texas, como parte de una investigación federal más amplia sobre las conexiones entre Azerbaiyán y un grupo de empresarios estadounidenses. A pesar de las declaraciones iniciales del abogado de Cuellar en abril, indicando que él no era el objetivo de la investigación, los cargos actuales sugieren una situación legal cada vez más comprometida.
Cuellar, ex copresidente del grupo de amistad con el Congreso de Azerbaiyán, supuestamente buscaron asesoramiento de otros despachos del Congreso sobre cómo manejar las consecuencias de la acusación antes de que se hicieran públicos los cargos.
Cuellar negó cualquier mala conducta y afirmó su determinación de continuar su carrera política, afirmando: "Déjenme ser claro, me postulo para la reelección y ganaré en este noviembre".
El congresista y su esposa están acusados cada uno de dos cargos de conspiración por tratatar de cometer soborno a un funcionario federal y para que un funcionario público actúe como agente de un mandante extranjero; dos cargos de soborno a un funcionario federal; dos cargos de conspiración por cometer fraude electrónico; dos cargos de violación de la prohibición de que funcionarios públicos actúen como agentes de un mandante extranjero; un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero encubierto; y cinco cargos de lavado de dinero.
Si son declarados culpables, podrían pasar años o incluso décadas en prisión.