En 1945, tras el horror que significó para la humanidad la Segunda Guerra Mundial, todos los países independientes se aunaron en un anhelo de paz y acordaron, más allá de sus lógicas diferencias históricas, culturales y de intereses, conformar un organismo internacional global con ese objetivo primordial. Así quedo expresado en el primer artículo de la flamante Carta de las Naciones Unidas que reza que su propósito es “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.
Este año 2020, la ONU celebra su 75º aniversario en un momento en el que el mundo atraviesa grandes trastornos, agravados por una crisis sanitaria mundial sin precedentes que acarrea graves repercusiones económicas y sociales. En el marco de las correspondientes conmemoraciones, la Secretaría General de la organización ha planteado que “debe ser un año de diálogo, en el que, como familia humana, nos reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre la forma de construir un futuro mejor para todos”.
Las circunstancias han querido que sea un año particularmente desafiante para la humanidad. Es un momento tan grave que desde el Papa Francisco hasta la gran mayoría de los líderes religiosos e intelectuales del mundo, han planteado la necesidad de aunar esfuerzos y dejar a un lado conflictos violentos, ante una pandemia que no ha hecho distinción de fronteras, nacionalidades ni estamentos sociales. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo expuso con vehemencia el 23 de marzo de este año: “La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de ‘poner en encierro’ los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas (…) Silencien las armas; detengan la artillería; pongan fin a los ataques aéreos”, exhortó. Muchos lo escucharon en Libia, Yemen o Siria. Pero sus palabras, sin embargo, parecen no haber llegado a los oídos del gobierno de Azerbaiyán, que ya en julio pasado lanzó un ataque de artillería contra posiciones fronterizas armenias.
Lamentablemente, ese episodio de julio fue solo el preludio de una tragedia humana desatada a partir del infundado y premeditado ataque de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán sobre la República de Artsaj, el pasado 27 de septiembre. Con profundo dolor advertimos que a los conflictos irresueltos en varias partes del mundo se ha sumado injustificadamente el restablecimiento de la violencia en la región del Cáucaso Sur, que golpea, una vez más, a todos los armenios del mundo, con su secuela de miles de víctimas y grandes cantidades de población civil desplazada, sobreviviendo en condiciones precarias, muy lejos de lo que deberían ser los recaudos mínimos necesarios en un contexto de pandemia.
Como han denunciado los gobiernos de la República de Armenia y de la República de Artsaj, hay dos detonantes fundamentales para este conflicto. En primer término, la actitud armamentista, belicista y totalitaria del gobierno de Azerbaiyán, que considera que Artsaj únicamente es un territorio a conquistar, ignorando o peor aún intentando eliminar a una población autóctona que vive allí desde hace miles de años y ha ejercido su derecho a la autodeterminación de conformidad con el Derecho Internacional y el marco constitucional en el que se encontraba al momento de declarar su independencia, como lo hicieron los pueblos armenio y azerbaiyano. En segundo lugar, la parcialidad y el afán expansionista de Turquía, que sigue desarrollando sistemáticamente la política anti armenia que siempre la ha caracterizado, al punto de no reconocer siquiera el genocidio de 1.500.000 armenios entre 1915 y 1923.
Armenia no ha tenido motivos ni razones para empezar una guerra. ¿Por qué exponer a su propia población civil? Su postura siempre fue mantener la paz y continuar con las negociaciones pacíficas en el marco del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, hasta hallar una resolución definitiva de este conflicto. Consecuentemente, se ha visto absolutamente vulnerado uno de los tres principios de las acordados en el marco de las negociaciones de Minsk, que es el de no amenazar ni utilizar la fuerza.
Sabemos de la preocupación de las Naciones Unidas por promover y exigir el respeto del Derecho Internacional Humanitario, que se ve particularmente afectado en este lamentable conflicto.
Recordemos que el 18 de octubre pasado el Secretario General de las Naciones Unidas condenó los ataques a las áreas pobladas en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj y sus inmediaciones, y señaló que “en virtud del Derecho Internacional Humanitario, ambas partes tienen la obligación de velar constantemente por preservar y proteger a los civiles y la infraestructura civil durante la conducción de operaciones militares”.
Más recientemente, el 2 de noviembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su preocupación por los continuos ataques indiscriminados en las áreas pobladas en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj y sus alrededores. Entre otras consideraciones, la Sra. Michelle Bachelet también expresó su preocupación por los videos que muestran acciones calificables como crímenes de guerra. “Aunque en las redes sociales circulan muchas imágenes falsas, las investigaciones detalladas de los medios de comunicación sobre los vídeos que parecían mostrar a tropas azerbaiyanas ejecutando sumariamente a dos armenios capturados con uniformes militares revelaron informaciones convincentes y profundamente inquietantes”, alertó. Y recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario, el asesinato deliberado de personas bajo protección supone “una grave violación de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, un crimen de guerra”.
Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios ha expresado su preocupación por los informes generalizados que indican que el gobierno de Azerbaiyán, con la ayuda de Turquía, utilizó combatientes sirios, motivados por ganancias dinerarias, para apuntalar y mantener sus operaciones militares en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj, incluso en el frente de batalla.
Finalmente, los organismos internacionales también se han expresado contra las graves violaciones de las normas convencionales y consuetudinarias aplicables en los conflictos armados para la preservación del patrimonio cultural, dado los ataques deliberados contra templos, monumentos y museos que dan testimonio de la increíble riqueza cultural de la región. Uno de los hechos más significativos fue el doble bombardeo azerí a la histórica Catedral de Ghazanchetsots de Shushí.
Pero no nos engañemos. Muchas mujeres y muchos hombres a lo largo y ancho de todo el mundo se preguntan cuál es la eficacia de una organización como la ONU si no puede impedir o detener conflictos que afectan, sobre todo, a poblaciones civiles que solo quieren vivir en paz, en sus territorios ancestrales, y conforme sus valores y pautas culturales. Si 150.000 habitantes de la región de Nagorno Karabagh, hoy República de Artsaj, no pueden ejercer pacíficamente sus derechos, y si esto se ve agravado porque la política expansionista turca representa un peligro para la paz y la seguridad regional y quién sabe mundial, significa que la comunidad internacional organizada aún está muy lejos de cumplir cabalmente con ese magnífico propósito previsto al tope de su Carta Magna.
Ni siquiera puede hallarse consuelo en el desenlace parcial que ha tenido el conflicto en estos días. El cese de fuego impuesto a partir del 10 de noviembre se basa en las posiciones militares donde se encontraban las partes, lo cual implica reconocerle a Azerbaiyán posesiones obtenidas por la fuerza en violación de los acuerdos previos alcanzados bajo el auspicio del Grupo de Minsk. No se garantiza la investigación de las numerosas denuncias de violaciones del Derecho Internacional Humanitario ni de los crímenes de guerra perpetrados en los 45 días del conflicto armado. Y no se dice ni una palabra sobre el futuro status de Artsaj que al menos permitiera a su diezmada población esperanzarse con que semejante pérdida actual sirva para alcanzar un futuro de paz, libertad y prosperidad.
Sabemos que el Secretario General de la ONU celebró que se haya alcanzado el acuerdo sobre el cese de las hostilidades, pero asimismo agregó que es primordial que todas las partes respeten el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
En ese sentido, no puede ignorarse lo que dispone la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU (adoptada por la resolución 260 de la Asamblea General del 9 de diciembre de 1948), que reprime la instigación directa y pública a cometer genocidio, así como su tentativa y complicidad. Recientes declaraciones de los presidentes de Turquía Erdogan y de Azerbaiyán Aliyev, que explícitamente hablan de terminar con los armenios, deberían ser tomadas seriamente en cuenta por las instancias internacionales que deben propiciar que se cumpla la Convención. De otra manera, no habrá una verdadera paz en la región sino que estaremos asistiendo a un paso más dentro de un macabro plan de limpieza étnica.
Por todo ello, como representantes de las Instituciones de la Comunidad Armenia, y acompañados por miles de personas no solo de nuestra comunidad sino de todas las colectividades y sectores que integran la ciudadanía argentina, requerimos que los órganos pertinentes de las Naciones Unidas asuman el compromiso perentorio e ineludible de ejecutar todas las acciones necesarias para, no solo garantizar que cese el desastre humanitario que se ha perpetrando en la región de Nagorno Karabagh, a partir del infundado y premeditado ataque de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán sobre la República de Artsaj desde el 27 de septiembre pasado, sino también para asegurar que la población armenia originaria de la región pueda ejercer libremente su derecho a vivir en paz.
Para ello, concretamente, es necesario:
- Que el cese del fuego declarado no se convierta en una garantía de impunidad para los agresores, Azerbaiyán y Turquía. La comunidad internacional no debe aceptar pasivamente que puedan alcanzarse objetivos geopolíticos mediante el uso de la fuerza, despreciando el Derecho Internacional.
- Garantizar la seguridad de las poblaciones civiles de la región, como imperiosa e inmediata obligación.
- Condenar enérgicamente los ataques contra poblaciones civiles y, lo que es más grave aún, el uso de fósforo blanco con propósitos incendiarios, prohibido por el Protocolo III de la Convención de Armas Químicas, y el de bombas racimo que causan daños humanos comparables a los de las minas antipersonales. Esos proyectiles están prohibidos por la Convención de Oslo del 2008 sobre Municiones de Racimo debido a su carácter letal indiscriminado y desproporcionado. La investigación y eventual juzgamiento de estos hechos aberrantes debe ser una obligación a asumir por parte de los organismos internacionales competentes.
- Que los órganos y tribunales internacionales competentes investiguen y juzguen si se han cometido actos que implican alguno de los supuestos previstos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
- Que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) controle efectivamente el retorno de las personas desplazadas y refugiados a sus zonas de origen, velando por su seguridad y tranquilidad.
- Reclamar la urgente intervención de la UNESCO para la preservación del Patrimonio Histórico Armenio en Artsaj, e investigar y sancionar las violaciones a la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y normas internacionales complementarias.
- Para garantizar estos compromisos, y más allá de lo dispuesto preliminarmente en el acuerdo tripartito del 9 de noviembre, constituir una misión de paz bajo mandato de la ONU para que se observe definitivamente el armisticio y el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario.
- Finalmente, es necesario renovar el mandato dado por el Consejo de Seguridad de la ONU al Grupo de Minsk, para que se aboque con carácter urgente a hallar una solución definitiva a este penoso conflicto, con pleno respeto de los principios de Derecho Internacional que rigen la convivencia pacífica entre países, y que le permita al pueblo de Artsaj vivir en paz y libertad en su territorio.
Alcanzar estos objetivos constituirá sin duda uno de los mayores logros que podrá mostrar la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la celebración de su 75° Aniversario.