Una coalición diversa de grupos de derechos humanos, religiosos y étnicos solicita al presidente Biden que detenga la ayuda militar estadounidense al régimen de Aliyev, de Azerbaiyán, informó el Comité Nacional Armenio de América (ANCA).

En una carta enviada hoy a la Casa Blanca, una docena de organizaciones expresaron su “oposición a la continuación de la Sección 333 (Desarrollo de capacidades) financiada por los contribuyentes estadounidenses, Financiamiento militar extranjero, Educación y entrenamiento militar internacional y otra asistencia militar o de seguridad estadounidense al gobierno de Azerbaiyán, sobre la base de la Sección 502B (a) (1) de la Ley de Asistencia Extranjera y otras disposiciones de la ley de los EE. UU.”.

Finalizan la carta, enfatizando que, “a la luz de estas preocupaciones, y dado el patrón constante de Azerbaiyán de violar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, le pedimos que suspenda la asistencia militar y de seguridad de EE.UU. a Azerbaiyán”.

Los miembros de la coalición firmante incluyen: American Friends of Kurdistan, Armenian National Committee of America, Assyrian Policy Institute, Christian Solidarity International, Code Pink, Coptic Solidarity, Hellenic American Leadership Council, Hindu American Foundation, In Defense of Christians, Israeli-American Civic Action Network, Jewish World Watch, Consejo Nacional de Iglesias y Mujeres por la Transparencia en el Comercio de Armas.

El texto completo de la carta de coalición se proporciona a continuación:

Estimado presidente Biden,

Nosotros, las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes, nos oponemos a la continuación de la Sección 333 (Desarrollo de capacidades) financiada por los contribuyentes estadounidenses, Financiamiento militar extranjero, Educación y entrenamiento militar internacional y otra asistencia militar o de seguridad estadounidense al gobierno de Azerbaiyán, sobre la base de la Sección 502B(a)(1) de la Ley de Asistencia Extranjera y otras disposiciones de la ley estadounidense.

Cualquier asistencia adicional de EE.UU., más allá de los 164 000 000 dólares que, según se informa, ya se han enviado a las fuerzas armadas de Azerbaiyán, corre el riesgo de fortalecer materialmente las capacidades autoritarias de Bakú y envalentonar a los líderes no elegidos e irresponsables de este régimen autoritario unifamiliar. Azerbaiyán, una nación rica en petróleo que ya gasta miles de millones al año en su ejército, no necesita ni merece los dólares de los impuestos estadounidenses.

Continuar enviando ayuda militar o de seguridad estadounidense a Azerbaiyán, incluso asistencia descrita como defensiva o no letal, envía la peligrosa señal al gobierno de Aliyev de que Estados Unidos es indiferente o, peor aún, apoya sus violaciones de los derechos humanos. La nueva ayuda militar o de seguridad a Azerbaiyán plantea un grave riesgo de daño adicional a los civiles. Nuestra nación nunca debe ser cómplice de tal violencia patrocinada por el estado. En términos más generales, esta asistencia socava el objetivo de su Administración de centrar los derechos humanos y la democracia en la política exterior de nuestra nación.

El patrón constante de violaciones flagrantes de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en Azerbaiyán, está documentado por nuestro propio Departamento de Estado y las principales organizaciones de derechos humanos, y se refleja en la creciente preocupación del Congreso por las violaciones del derecho internacional y humanitario por parte de Bakú.

El Informe de país sobre derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Azerbaiyán documenta “Cuestiones importantes de derechos humanos”, que incluyen: “homicidios ilegales o arbitrarios; tortura; detenciónes arbitrarias; condiciones penitenciarias duras y a veces potencialmente mortales; prisioneros políticos."

Freedom House califica a Azerbaiyán como no libre, señalando que: “el poder en el régimen autoritario de Azerbaiyán sigue estando fuertemente concentrado en manos de Ilham Aliyev, quien se ha desempeñado como presidente desde 2003, junto a su extensa familia”.

Amnistía Internacional ha informado que: “Las fuerzas azerbaiyanas cometieron crímenes de guerra en Nagorno-Karabaj. Varios videos verificados mostraban el maltrato de prisioneros de guerra y otros cautivos, decapitaciones y profanación de los cadáveres de soldados enemigos”.

Human Rights Watch ha informado que: “El gobierno de Azerbaiyán continúa librando una feroz represión contra los críticos y las voces disidentes”.

Informes creíbles de violaciones de derechos humanos por parte de Azerbaiyán durante los combates en Nagorno Karabaj en el otoño de 2020 fueron abordados por la Cámara de Representantes de EE. UU., que adoptó la enmienda Cárdenas-Schiff a la Ley de Autorización de Defensa Nacional FY22. Esta medida pedía la liberación inmediata e incondicional por parte de  Azerbaiyán de los prisioneros de guerra armenios retenidos ilegalmente y maltratados, y solicitaba una investigación del Departamento de Estado sobre los crímenes de guerra cometidos, incluido el despliegue de mercenarios extranjeros por parte de Azerbaiyán y el uso ilegal de bombas de racimo y fósforo blanco.