WASHINGTON, DC - La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. Presentó su Informe de estrategia internacional de control de narcóticos.

“Armenia está fortaleciendo gradualmente su legislación ALD y ha aumentado drásticamente sus investigaciones y condenas por lavado de dinero desde la“ Revolución de Terciopelo ”de 2018. Armenia está persiguiendo agresivamente casos penales contra funcionarios de alto nivel de gobiernos anteriores miembros relacionados con ellos

Gracias a la nueva legislación, ahora puede perseguir activos relacionados con actividades ilegales en tribunales civiles tras el establecimiento de un régimen de decomiso de activos sin condena. . El parlamento de Armenia aprobó enmiendas a las estrictas leyes de secreto bancario que obstaculizabann la capacidad de los investigadores armenios para acceder a los registros bancarios. Aunque el Tribunal Constitucional anuló las enmiendas, el gobierno está trabajando actualmente en un nuevo proyecto de ley para abordar las preocupaciones del Tribunal Constitucional.

"Si bien el gobierno actual está implementando un ambicioso programa anticorrupción, el contrabando de narcóticos, la economía sumergida, importantes entradas de remesas del exterior, el ocultamiento de activos dentro del sector inmobiliario y el uso de efectivo siguen siendo generalizados y constituyen vulnerabilidades".

Entre mediados de 2018 y noviembre de 2019, la Unidad de Investigación Financiera recibió consultas sobre un total de 200 casos penales relacionados con elementos de blanqueo de capitales. Ese número aumentó a aproximadamente 700 de esas investigaciones de enero a octubre de 2020, según el informe.

Estos casos se iniciaron en su mayoría con cargos por delitos determinantes como corrupción de alto perfil, malversación de fondos, evasión de impuestos, robo y fraude. Un número significativo de estas investigaciones tiene como objetivo a representantes de los antiguos regímenes de Armenia y oligarcas asociados.

"Armenia debería imponer sanciones penales a las personas jurídicas implicadas en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizar que todos los sectores informantes proporcionen informes de inteligencia financiera obligatorios, tipificar como delito la tergiversación y crear mecanismos de investigación para evitar que los actores criminales corruptos actúen como propietarios o gestionen las APNFD".