Durante más de una semana, la parte azerbaiyana no ha permitido que los representantes de Artsaj restablezcan la supuesta "interrupción" del gasoducto. Como resultado, más de 100.000 personas se han visto privadas de calefacción en condiciones de clima frío, dice Kristine Grigoryan, defensora de los derechos humanos de Armenia.

“Esto va acompañado de cortes regulares de electricidad, lo que empeora aún más las difíciles condiciones humanitarias que han existido durante y después de la guerra”, dijo el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Hospitales, escuelas, guarderías, albergues temporales para personas desplazadas se ven privados de sus condiciones básicas de vida; es imposible ejercer el derecho de las personas a la salud, y el derecho de los niños a la educación.

“Además, ha pasado una semana desde que las fuerzas militares de Azerbaiyán dispararon intensamente en dirección a los asentamientos pacíficos de Artsaj, el pueblo de Khramort y la ciudad de Askeran de la región de Askeran, los pueblos de Karmir Shuka y Khnushinak de la región de Martuni. En la aldea de Khramort, un civil resultó herido”, recordó.

“Todo esto tiene como objetivo mantener una atmósfera de miedo y terror entre las personas que viven en Artsaj, con el objetivo final de hacer que los armenios se vayan y limpien Artsaj de su población autóctona armenia”, dijo Grigoryan.

Condenó enérgicamente la política criminal en curso de Azerbaiyán y pidió a las organizaciones internacionales que respondan claramente a la situación y aumenten la presión sobre Azerbaiyán para detener este comportamiento criminal.

“Los derechos humanos son universales y deben verse fuera del marco geopolítico”, dijo, y señaló que la declaración ha sido enviada a organizaciones internacionales y misiones diplomáticas.