En el marco de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tiene lugar en Ginebra, la República de Armenia emitió una declaración conjunta dedicada a la protección del derecho internacional humanitario y los derechos humanos durante los conflictos armados. El grupo interregional de diecinueve países se unió a la declaración.

Refiriéndose a los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas para la solución de controversias por medios pacíficos y absteniéndose de la amenaza o el uso de la fuerza, la declaración condena enérgicamente las violaciones graves y los abusos de los derechos humanos y las trasgreciones graves del derecho internacional humanitario durante los conflictos armados e insta a los Estados a hacer rendir cuentas a los autores de tales delitos.

En particular, establece que el uso ilegal de la fuerza suele ir precedido o acompañado de discursos de odio, propaganda de guerra a gran escala, declaraciones de líderes políticos y figuras públicas que expresan su apoyo a las afirmaciones de la superioridad de una raza o grupo étnico, difundiendo hostilidad y prejuicio contra grupos étnicos, religiosos o raciales,  tolerando o justificando la violencia contra ellos.

Los Estados reafirman el derecho de las víctimas a ser asistidas por organizaciones humanitarias, como se establece en los Convenios de Ginebra de 1949 y otros instrumentos pertinentes del derecho internacional humanitario, y exigen un acceso seguro y oportuno a dicha asistencia.

Los países reiteran que los prisioneros de guerra y los internados deben ser tratados de acuerdo con el derecho internacional humanitario y deben ser puestos en libertad y repatriados sin demora después del cese de las hostilidades activas. La toma de rehenes, la detención prolongada de prisioneros e internados con fines de negociación está prohibida por el derecho internacional humanitario.

La Declaración Conjunta alienta la implementación de medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro tipo efectivas para prevenir, poner fin y sancionar los actos de desaparición forzada.

Los Estados exhortan a los órganos competentes de la ONU a que asuman un papel más activo en la promoción y protección de los derechos humanos para garantizar el pleno respeto del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en todas las situaciones de conflicto armado, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.